España quiere blindar su administración frente a los hackers. O, por lo menos, ponérselo lo más difícil posible. El Gobierno ha pedido a funcionarios y diplomáticos que cambien cuanto antes sus contraseñas y, en la medida de lo posible, desconecten aquellos equipos que no resulten esenciales. Esta medida se adopta «en previsión de posibles ciberataques» con la guerra de Ucrania como telón de fondo. En uno de los mensajes que se han enviado a altos funcionarios y diplomáticos se apunta que el cambio de contraseñas es obligatorio y se insiste en que se aplique «a la mayor brevedad posible». «En caso de no efectuar la actualización voluntaria, esta expirará en los próximos días», insiste.
Otras administraciones, como la Xunta de Galicia, se ha dirigido también a sus empleados para advertirles de que podría sufrirse un ciberataque y o robos de identidad digital. La alerta partiría directamente del Centro Criptológico Nacional, organismo ligado a su vez al CNI.
La advertencia llega en un contexto muy especial: después de que EEUU y la UE anunciasen medidas contra Rusia por su ofensiva en Ucrania, un proceso en el que el terreno digital está jugando un papel crítico. Mucho antes de que los tanques de Moscú se adentrasen en Ucrania, de hecho, el país había sufrido ataques de malware con un origen presuntamente ruso. En el polo opuesto, otro grupo de hackers, Anonymous, ha declarado la ciber guerra a Rusia. El colectivo ha asumido de hecho la autoría del ataque que ha afectado a la web del canal de noticias Russian Today. En previsión del rol que probablemente seguirá jugando la tecnología y conbatir la invasion digital, la UE ha enviado a expertos en ciberoperaciones a Ucrania.
En la misma línea, Ucrania ha reclamado bloquear las actualizaciones de software de Rusia y, en el que quizás sea movimiento más contundente hasta la fecha para presionar a Moscú, EEUU, la UE, Canadá y Reino Unido han decidido desconectar algunos bancos rusos.
